Artículo de Opinión Escrito por: Angel García Lascuráin Valero, Vía: @ElFinanciero_MX X: @AngelGLascurain

La competitividad de un país puede describirse como la capacidad que tiene para generar condiciones que permitan a sus empresas producir, innovar, invertir y competir exitosamente en los mercados globales, elevando al mismo tiempo el bienestar de su población. No se limita al crecimiento económico, sino que refleja la fortaleza de sus instituciones, la calidad de su infraestructura, el desarrollo de su capital humano, la eficiencia de sus mercados y la certeza de su marco jurídico.

En el contexto actual de México, el fortalecimiento de la competitividad adquiere una relevancia estratégica. El anuncio de revisiones anuales del T-MEC, junto con otros factores como la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la competencia internacional por atraer inversiones, la transición energética y el acelerado avance tecnológico, representan desafíos importantes para nuestro país, pero también oportunidades históricas que solo podrán aprovecharse si se fortalece la capacidad para competir. Hoy, más que nunca, la competitividad debe entenderse y priorizarse como una política de Estado orientada a generar crecimiento sostenido, mayor productividad, empleos de calidad y prosperidad para las familias mexicanas.

Recientemente se dio a conocer el informe anual sobre competitividad del IMD (Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial), una de las mediciones internacionales más reconocidas en materia de competitividad. Su valor radica en que no se limita a observar variables macroeconómicas, sino que integra una visión más amplia sobre el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial y la infraestructura. La edición 2026 evalúa a 70 economías y considera 341 variables, combinando datos duros con información proveniente de encuestas a ejecutivos. Esta metodología permite capturar no solo el desempeño observable de una economía, sino también percepciones relevantes sobre el ambiente de negocios, la confianza institucional, la eficiencia regulatoria, la disponibilidad de talento y la capacidad de las empresas para competir.

En el caso de México, el país pasó del lugar 55 en 2025 al lugar 62 en 2026 dentro de la clasificación general. Esta caída no debe leerse únicamente como una fotografía negativa, sino como una señal de alerta sobre la velocidad relativa con la que México está dejando de avanzar frente a otras economías. En su análisis, el IMD identifica cinco prioridades para elevar la competitividad de México:

• Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el sector productivo para mejorar la ejecución de las iniciativas estratégicas.

• Reforzar el entorno de negocios, el Estado de derecho y la certeza jurídica para incrementar la confianza de los inversionistas.

• Impulsar una economía más productiva mediante la innovación, la excelencia operativa, la medición del desempeño y el fortalecimiento de los mercados locales e internos.

• Alinear el desarrollo del talento con las capacidades técnicas y directivas que requieren las empresas.

• Fortalecer las cadenas de valor nacionales y la infraestructura estratégica en materia de energía, logística y digitalización.

Los retos identificados por el IMD no son nuevos ni sorprendentes. Lo relevante es que, al analizarlos desde la perspectiva de la competitividad, muestran que estas prioridades no pueden abordarse de manera aislada. Existe una clara relación de causa y efecto: instituciones sólidas generan confianza; la confianza impulsa la inversión; la inversión fortalece la productividad; la productividad incrementa la competitividad; y todo ello requiere talento, infraestructura y coordinación. El verdadero desafío consiste en articular estos factores dentro de una política de Estado en materia de competitividad, con una visión estratégica integral y la capacidad para ejecutarla eficazmente. Ello exige gobernanza, coordinación efectiva, construcción de consensos, confianza, prioridades claras, medición del desempeño y disciplina de ejecución.

En el ámbito empresarial sabemos que una estrategia solo genera resultados cuando se implementa y se gestiona adecuadamente. Lo mismo ocurre con un país. Los hallazgos del IMD evidencian la necesidad de construir una Agenda Nacional de Competitividad, con objetivos medibles, iniciativas prioritarias y mecanismos permanentes de coordinación, seguimiento y evaluación. Sus pilares deberían ser el incremento de la productividad, el desarrollo del talento, la inversión en infraestructura estratégica y una mayor coordinación entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil.

La principal conclusión del estudio no debería ser únicamente que México descendió en el ranking, sino que el país necesita pasar del diagnóstico a la definición de una estrategia y, sobre todo, a su ejecución efectiva. Más que nuevos análisis, México requiere una estrategia nacional de competitividad con visión de largo plazo, que defina prioridades, promueva consensos, mida avances, corrija desviaciones y genere la confianza necesaria para impulsar la inversión, la productividad y el desarrollo económico.

Artículo de Opinión escrito por: Lydia Nava Vásquez | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Inclusivo en COPARMEX | Vía: @Excelsior X: @MichLydiaNV

Cada año, cuando suena el último timbre del ciclo escolar, millones de niñas, niños y adolescentes salen de las aulas con la emoción de las vacaciones. Las mochilas se guardan, las libretas se cierran y las boletas llegan a casa como el símbolo de un año que concluye.

Pero quizás el mayor error sea pensar que ahí termina el aprendizaje.

En realidad, la educación nunca ha dependido exclusivamente de la escuela. La escuela enseña conocimientos; la vida enseña criterio. En las aulas se aprenden matemáticas, español, ciencias o historia; fuera de ellas se aprenden la responsabilidad, la empatía, el respeto, la solidaridad y el valor del trabajo. Ambas dimensiones son indispensables para formar ciudadanos íntegros.

Este año, además, el cierre del ciclo escolar volvió a recordarnos que la educación enfrenta nuevos desafíos. Las discusiones sobre el calendario escolar, los ajustes propuestos para responder a las altas temperaturas y la necesidad de proteger el bienestar de las comunidades educativas dejaron claro que el sistema educativo debe adaptarse a una realidad cada vez más compleja, sin perder de vista un objetivo fundamental: garantizar el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Sin embargo, más allá del calendario, existe una conversación que pocas veces ocupa los titulares.

¿Qué ocurre cuando las puertas de la escuela se cierran?

Las vacaciones representan una pausa académica, pero también una enorme oportunidad para fortalecer aquello que no siempre puede enseñarse en un salón de clases. Es el tiempo para que las familias recuperen conversaciones pendientes, para despertar la curiosidad mediante la lectura, para descubrir nuevos intereses, convivir con otras generaciones y aprender que el compromiso, la disciplina y el respeto también forman parte de la educación.

Vivimos en una época en la que solemos medir el aprendizaje a partir de calificaciones, evaluaciones o certificados. Sin embargo, las habilidades que hoy demanda el mundo trascienden cualquier boleta. La capacidad para resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio, comunicar ideas o actuar con integridad se construye día con día, muchas veces fuera del entorno escolar.

Por eso, la formación de las nuevas generaciones es una responsabilidad compartida. Las familias tienen un papel insustituible. Las empresas también. Y las comunidades, igualmente.

Desde los Centros Empresariales de la Coparmex conocemos de cerca esa realidad porque estamos presentes en ciudades donde la educación, el empleo y el desarrollo social son pilares fundamentales para el progreso cotidiano. Sabemos que detrás de cada negocio hay madres y padres que buscan conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos; empresarios que impulsan programas de formación; empresas que abren espacios para jóvenes que buscan su primera oportunidad y comunidades que entienden que invertir en educación siempre genera el mejor rendimiento social.

El desarrollo de un país comienza cuando una niña descubre que puede aprender; cuando un adolescente encuentra un adulto que cree en su talento; cuando una familia dedica tiempo a escuchar, orientar y acompañar.

Al concluir este ciclo escolar vale la pena reconocer el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias. Pero también recordar que el aprendizaje no entra en receso.

Porque el futuro de México dependerá, sobre todo, de lo que, como sociedad, seamos capaces de enseñar durante estos meses en los que la escuela hace una pausa, pero la educación continúa.

Al final, el último timbre nos recuerda que educar es una tarea permanente y compartida, una responsabilidad que pertenece a todos y que, precisamente por eso, tiene el poder de transformar comunidades enteras.

Artículo de Opinión escrito por: Romeo Pastrana Rodríguez | Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex Nacional | Vía: @ElFinanciero_Mx

Durante muchos años las personas morales mexicanas que pagaron su ISR en el régimen general vivieron una realidad distinta. Los pagos entre clientes y proveedores eran más puntuales y, en muchos casos, la palabra bastaba para cumplir un compromiso.

Hoy el panorama ha cambiado. Los plazos de pago son cada vez más largos, existen cuentas que tardan meses en cobrarse y muchas empresas tienen que financiar su operación mientras esperan recibir el dinero de sus ventas.

Sin embargo, el sistema del Impuesto sobre la Renta prácticamente sigue funcionando bajo la misma lógica de hace varias décadas: en muchos casos obliga a pagar ISR sobre ingresos que aún no han sido cobrados (Régimen General de Personas Morales). 

Esto nos lleva a una pregunta muy sencilla: ¿es justo pagar ISR por dinero que todavía no ha entrado a la empresa?

Ya existe un caso de éxito

México ya vivió una experiencia similar con el IVA.

Hasta el año 2002 este impuesto se pagaba desde que se emitía la factura, aunque el cliente todavía no hubiera pagado. A partir de 2003 eso cambió. Hoy el IVA se paga cuando el dinero realmente se cobra. Los resultados fueron positivos, el sistema se volvió más justo, mejoró la recaudación y facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Si este modelo ha funcionado para el IVA, vale la pena preguntarnos si también podría aplicarse al ISR de las personas morales del régimen general.

Pagar impuestos cuando realmente existe el dinero

Toda empresa necesita flujo de efectivo para operar, con ese dinero paga sueldos, proveedores, renta, impuestos e invierte para seguir creciendo.

El problema surge cuando la persona moral del régimen general debe pagar ISR por ventas que todavía no ha cobrado. Eso obliga a muchas organizaciones a utilizar créditos bancarios o recursos destinados a su operación únicamente para cumplir con el pago de impuestos; por otro lado, se beneficia a otras que hacen deducible una factura que no han pagado.

Con un esquema de flujo de efectivo esto cambiaría (como funciona actualmente, el IVA, el IEPS y el ISR en personas físicas y algunas morales con regímenes especiales).

La empresa pagaría el impuesto cuando realmente hubiera recibido el dinero de sus clientes, lo que fortalecería su liquidez y reduciría la necesidad de endeudarse. Claro que para que lo anterior funcione y sea justo es necesario que los clientes deduzcan la compra o gastos hasta que haya sido pagada la factura, lo cual fomenta la necesidad de pagar la misma y la circulación del dinero en la economía.

Más inversión y mayor crecimiento

Quizá el beneficio más importante de este sistema sería la certeza que brindaría a quienes invierten.

Todo inversionista sabe que existen riesgos propios del mercado. Lo que no debería existir es la incertidumbre de tener que pagar impuestos antes de recuperar su inversión o antes de cobrar sus ventas.

Saber que el impuesto se pagará únicamente sobre ingresos efectivamente recibidos genera confianza para emprender nuevos proyectos, ampliar instalaciones, contratar personal o abrir nuevas líneas de negocio.

En otras palabras, el flujo de efectivo no solo mejora la situación financiera de las empresas; también crea un ambiente más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

También impulsa el pago a proveedores

Existe otro beneficio poco comentado; si las deducciones dependieran del pago efectivo, las grandes empresas tendrían un incentivo para pagar más rápido a sus proveedores.

Esto ayudaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que con frecuencia enfrentan problemas de liquidez por los largos plazos de cobranza.

Cuando el dinero circula con mayor rapidez, toda la economía se beneficia.

La autoridad también gana

Hoy la autoridad cuenta con herramientas tecnológicas que hace algunos años no existían.

Los CFDI y los complementos de pago permiten conocer con precisión cuándo una operación fue efectivamente cobrada; incluso de podría estudiar la conveniencia de la emisión de un solo CFDI al pago.

Por ello, revisar el correcto pago de los impuestos podría ser incluso más sencillo y eficiente.

¿Qué beneficios tendría este cambio?

Entre las principales ventajas destacan:

• Pagar impuestos únicamente sobre ingresos efectivamente cobrados.
• Mayor liquidez para las empresas.
• Reducción del impacto de las cuentas incobrables.
• Mayor facilidad para calcular el ISR.
• Menos errores en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Mayor rapidez en el pago a proveedores.
• Más confianza para invertir y hacer crecer los negocios.
• Una economía con mayor movimiento de recursos.
• Mayor recaudación.

Reflexión final

México cuenta hoy con un sistema de fiscalización moderno, basado en información electrónica y comprobantes digitales. Gracias a ello, existen las condiciones para evolucionar hacia un modelo de tributación más acorde con la realidad económica de las empresas.

Tributar con base en el flujo de efectivo no significa pagar menos impuestos. Significa pagarlos cuando realmente existe la capacidad económica para hacerlo y por ende se evita la evasión.

Una reforma de esta naturaleza daría mayor certidumbre a los inversionistas, fortalecería la liquidez de las empresas, impulsaría el pago oportuno entre clientes y proveedores y favorecería la creación de nuevos proyectos productivos.

En un momento en el que México busca atraer inversiones, un sistema fiscal que otorgue mayor certeza y premie la inversión puede convertirse en una ventaja competitiva para el país.

Al final, una empresa que invierte, crece y genera empleos también fortalece la recaudación. Por ello, un régimen general de tributación con base en flujo de efectivo no solo beneficiaría a los contribuyentes; contribuiría al desarrollo económico de México.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

El trabajo infantil rara vez ocupa un lugar central en la conversación pública de México. El tema reaparece cuando se publican nuevas cifras, se conmemora una fecha o se impulsa alguna campaña, pero pronto vuelve a quedar fuera de la agenda. Esa falta de atención contrasta con la dimensión del problema y con sus efectos sobre la educación, la salud y las oportunidades futuras de millones de niñas, niños y adolescentes.

Su persistencia refleja carencias económicas, educativas y sociales que requieren una respuesta sostenida y coordinada. Gobierno, empresas, organizaciones de trabajadores, escuelas y familias tienen responsabilidades distintas, pero complementarias, para prevenirlo y erradicarlo.

Por eso tuvo especial valor el torneo de futbol Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo. El encuentro reunió la semana pasada a representantes del gobierno, las organizaciones empresariales, sindicatos y la propia OIT alrededor de una causa compartida.

El futbol sirvió como un lenguaje común para recordar que la colaboración es indispensable frente a un problema de esta magnitud. Como señaló Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, debemos trabajar para que las nuevas generaciones permanezcan en la escuela, aprendan y se diviertan, sin verse obligadas a realizar actividades que las expongan a la explotación.

Conviene también precisar de qué estamos hablando. Ayudar ocasionalmente en el hogar, asumir responsabilidades o conocer un oficio bajo condiciones seguras y adecuadas a la edad tiene un sentido formativo. El trabajo infantil aparece cuando una actividad se realiza por debajo de la edad permitida, expone a riesgos, impone jornadas excesivas, afecta la salud o desplaza el tiempo destinado a la escuela, el descanso y el desarrollo personal.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 estimó que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en esta situación, equivalentes al 13.1 % de ese grupo de población. La cifra había sido de 3.2 millones en 2017 y de 3.3 millones en 2019. Alrededor de 1.1 millones no asistían a la escuela.

El problema tiene distintas expresiones. Los niños presentan una mayor participación en las ocupaciones no permitidas, mientras las niñas tienen una presencia superior en los quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas. También existe una fuerte concentración en actividades agropecuarias, construcción, industria, comercio y ventas, muchas de ellas vinculadas a situaciones de informalidad. 

Desde la perspectiva empresarial, esta realidad debe preocuparnos por razones humanas, sociales y económicas. Cada niña o niño que abandona la escuela pierde oportunidades para desarrollar sus capacidades. Cada familia que depende de su trabajo muestra la insuficiencia de los ingresos, la falta de protección social o la ausencia de empleos formales para los adultos. Cada caso dentro de una cadena productiva revela una falla de supervisión, trazabilidad o cumplimiento.

También compromete la productividad futura del país. México necesita personas mejor preparadas para incorporarse a una economía marcada por la tecnología, la automatización y la creciente exigencia de conocimientos. La formación del talento comienza desde la infancia. Cuando la necesidad económica sustituye la educación por una actividad precaria o peligrosa, el país reduce sus posibilidades de movilidad social, innovación y crecimiento.

La experiencia internacional confirma que es posible avanzar. Durante 2024 se estimó que casi 138 millones de niñas y niños se encontraban en situación de trabajo infantil en el mundo y que 54 millones realizaban trabajos peligrosos. La cifra global disminuyó desde los 160 millones registrados en 2020. Los resultados muestran que la combinación de educación, protección social, empleos dignos para los adultos, cumplimiento de la ley y responsabilidad empresarial puede reducir el problema. 

El primer frente es fortalecer el empleo formal y el ingreso de las familias. La primera responsabilidad de educar y proteger corresponde a madres y padres, pero necesitan medios reales para mantener a sus hijos en la escuela y acompañar su desarrollo. Desde el sector privado debemos invertir, capacitar y generar puestos de trabajo con seguridad social. Desde el gobierno se requiere un entorno que permita crecer, especialmente a las micro y pequeñas empresas, con financiamiento, simplificación y certeza jurídica.

Un segundo frente corresponde a las cadenas de suministro. Las empresas debemos conocer mejor las condiciones en que operan proveedores, contratistas y distribuidores, verificar edades, establecer cláusulas claras y corregir cualquier incumplimiento. También debemos acompañar a los pequeños proveedores en sus procesos de formalización.

El tercer frente es vincular mejor la educación con el sector productivo. Becas, orientación vocacional, formación técnica y programas para adolescentes en edad legal de trabajar pueden abrir una ruta segura hacia el empleo formal, siempre con horarios compatibles con sus estudios.

Estaremos muy atentos a los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, cuya publicación está programada para octubre. La nueva información permitirá saber si comenzó a revertirse el incremento observado en 2022, conocer la evolución por estados y sectores, y ajustar las acciones públicas y empresariales. 

El torneo tripartito cumplió una función importante al devolver el tema a la conversación pública. Ahora debemos llevar ese compromiso a los centros de trabajo, las comunidades y los planteles educativos. La tarjeta roja debe expresarse en decisiones cotidianas que permitan a cada niña, niño y adolescente continuar sus estudios y construir su propio futuro.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Stresa, Italia. – Desde esta maravillosa ciudad a la orilla del lago Mayor, en el norte de Italia, me entero de la grave tragedia que sufre el increíble país de Venezuela, por los terremotos que ocurrieron en su territorio en días pasados. Cabe destacar las caídas y destrucción de los edificios de departamentos construidos por el gobierno de Hugo Chávez, mediante el llamado programa “Misión Vivienda” en la ciudad costera de la Guaira, a pocos kilómetros de Caracas. Como es frecuente en obras del gobierno, no se tiene información de costos, materiales, etc, pero era conocida la mala calidad de las construcciones.

Para evitar que se repitan situaciones como la anterior, es necesario que los gobiernos en los distintos países cuenten con suficientes recursos sanos para poder cumplir con sus obligaciones. Esto se logra por medio de tener una economía con elevado crecimiento, que permita contar con empresas que paguen impuestos y que generen empleos, con lo que tendrían más recursos que pueden mejorar los servicios públicos. Sin embargo, cada vez es mas frecuente que los gobiernos tiendan a apoyarse en mayor endeudamiento, lo cual significa gastarse los ingresos futuros, perjudicando a las siguientes generaciones. Además, en varios países de Latinoamérica se tienen amplios sectores que operan en la informalidad, en la clandestinidad e incluso en la delincuencia que no solo no pagan impuestos a sus gobiernos, sino que obtienen recursos ilegales del mismo.

Esto se refleja en una fuerte caída en los servicios públicos, como son un deterioro en la seguridad pública, en la calidad de la educación y en los servicios médicos. También en una reducción en los sueldos y salarios a los empleados de los gobiernos, lo que se refleja en decisiones mediocres o incluso negativas para la población. Finalmente se castiga la inversión pública, que es indispensable para que se incremente la inversión privada.

Cuando los gobiernos utilizan el endeudamiento para el gasto corriente o para financiar proyectos no rentables, elevarán su gasto futuro por el servicio de la deuda, sin tener un incremento equivalente en sus ingresos. Este es el camino para el círculo vicioso de más gasto público financiado con más deuda, que a su vez eleva aún más el gasto público, que se tiene que pagar con más deuda. México ya sufrió este círculo, del cual fue muy costoso y difícil salir, pero parece que estamos cayendo en el mismo problema.

La mayoría de las naciones desarrolladas de Occidente han visto elevar sus deudas de una manera drástica en las pasadas décadas. Por ejemplo, Italia con una población cercana a los 60 millones de personas tiene una deuda pública del 137% del PIB y con presión importante en sus finanzas públicas. 

Un caso aparte son los Estados Unidos, ya que su deuda pública se ha duplicado para situarse en 120% del PIB. En la medida en que se eleve la inflación y en consecuencia las tasas de interés, el déficit fiscal se incrementa agravando el problema. Debido a la situación resultante de la guerra entre Irán y los Estados Unidos se ha iniciado, de manera importante, un incremento en las tasas de interés de mediano y largo plazo. Cada país ha reaccionado de distinta manera para evitar una crisis financiera; por ejemplo, el gobierno norteamericano pretende elevar sus ingresos por medio de los aranceles a las importaciones, así como eliminar apoyos financieros a distintos organismos e instituciones internacionales, como el OIC, la organización de salud y la OTAN. Por su parte, el gobierno francés trato de posponer la edad de jubilación para así detener los gastos sociales, otros países tratan de reducir la inmigración. Por su parte, el gobierno inglés tiene una grave crisis política y no ha podido avanzar en una solución clara. En el caso del gobierno mexicano, se han reducido los gastos en los distintos servicios públicos y sobre todo en la inversión pública, lo que se ha reflejado en un estancamiento de la economía.

La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse.

Reconocemos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema; sin embargo, las cifras muestran que aún son insuficientes. Desde COPARMEX sostenemos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones.

La corrupción debilita el desarrollo económico

Además del impacto económico para millones de ciudadanos, la corrupción sigue presente en la operación de las instituciones públicas. En 2025, de acuerdo con la ENCIG, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015.

Prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer. Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182.

La corrupción también afecta a las empresas

Los resultados de #DataCoparmex 2025, mediante el indicador #MxSinCorrupción, muestran que 40.2% de las empresas socias de COPARMEX enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.

La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%). Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas.

La corrupción afecta especialmente a las MiPyMEs que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos, poniendo en riesgo su operación. Ello reduce su productividad, limita su capacidad para crecer y desincentiva la formalidad. Esto resulta especialmente grave porque concentran el 70.7% del personal ocupado del país y las propias empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, solo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios.

El exceso regulatorio agrava este problema. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario incrementa la discrecionalidad, eleva los costos de cumplimiento y abre espacios para la corrupción. Simplificar y digitalizar los procesos administrativos también constituye una política efectiva de prevención.

Llamado de COPARMEX

Desde COPARMEX consideramos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional. Es indispensable fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas. Por ello exigimos:

• Fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno.
• Aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados. 
• Simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial.
• Implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas.
• Impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el Estado de Derechos, la transparencia y la certeza jurídica.
• Combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia.
• Garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de manera sostenida. Solo mediante instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo.

Ciudad de México (OIT Noticias) – Con playeras de distintos colores, un mismo objetivo y la convicción de que poner fin al trabajo infantil requiere del compromiso de toda la sociedad, los tres mandantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) compartieron la cancha durante el Torneo Amistoso Tripartito de Futbol “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, una iniciativa que convirtió al deporte en un espacio para fortalecer el diálogo social y sensibilizar sobre esta situación.

El encuentro se llevó a cabo en la Cancha de Futbol Rápido de Grupo Modelo, ubicada en Lago Alberto 156, en la Ciudad de México, y reunió a cuatro equipos: uno de la OIT; uno del sector gobierno, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Turismo (SECTUR); uno del sector empleador, conformado por COPARMEX y CONCAMIN; y uno del sector trabajador, integrado por la CTM, la CROC, la CROM y la UNT.

La jornada incluyó una ceremonia inaugural, partidos amistosos y una ceremonia de premiación, en un ambiente de respeto, colaboración y juego limpio. Más allá de los resultados deportivos, el encuentro puso de manifiesto que gobiernos, organizaciones de empleadores, organizaciones de personas trabajadoras y la OIT pueden sumar esfuerzos para impulsar una causa compartida y enviar un mensaje claro: las niñas, niños y adolescentes deben estar en la escuela y no en el trabajo.

La ceremonia inaugural contó con la participación de Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba; Gabriel Tamariz, Titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del secretario Marath Bolaños López; Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX; y Juan Alberto Porras Brambila, Tesorero de CONCAMIN.

También participaron Salvador Fernando Marínez Gutiérrez, Secretario General Adjunto de la CTM; Taide Alejandra González Baca, Secretaria de Relaciones Internacionales del Comité Central de la CROM; Diego Enrique Romano, Secretario de Acción Sindical de la CROC; y Verónica Alejandra Velasco Martínez, Primera Prosecretaria de Deportes, Cultura y Recreación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en representación de la UNT. Asimismo, asistieron representantes de Grupo Modelo, empresa anfitriona del encuentro.

La actividad formó parte de la campaña Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, impulsada por la OIT para invitar a gobiernos, organizaciones de empleadores y de personas trabajadoras, empresas, deportistas y ciudadanía a manifestar su rechazo a esta problemática y renovar su compromiso con su prevención y erradicación.

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la OIT y UNICEF, 138 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil en el mundo, de los cuales 54 millones realizan trabajos peligrosos. En México, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 estima que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en esta situación.

Con iniciativas como esta, la OIT y sus mandantes reiteran que el diálogo social, la cooperación y el compromiso de todos los sectores son fundamentales para avanzar hacia un futuro en el que ninguna niña, niño o adolescente tenga que trabajar.

Para más información favor de contactar a:
Mario Lugo
Oficial de Comunicación OIT
lugo@ilo.org

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @cchicaza

En México solemos admirar a quien emprende.

Celebramos la apertura de un nuevo restaurante, una tienda de barrio, un pequeño taller o una empresa familiar. Nos gusta escuchar las historias de quienes comenzaron con pocos recursos y mucho trabajo hasta convertir una idea en un negocio.

Pero existe una realidad de la que hablamos mucho menos. El momento más difícil para un empresario no es abrir una empresa, sino lograr que crezca.

Ahí es donde miles de proyectos comienzan a enfrentar obstáculos que poco tienen que ver con la capacidad o el esfuerzo de quienes los impulsan.

Con frecuencia hablamos de atraer inversión extranjera, aprovechar el nearshoring o consolidar a México como una de las economías más competitivas del mundo. Son objetivos necesarios. Sin embargo, existe una pregunta igual de importante: ¿qué tan fácil es para un pequeño negocio mexicano convertirse en una empresa más grande?

En México, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las unidades económicas. Generan alrededor de 19.6 millones de empleos y aportan el 52% del Producto Interno Bruto. Son, por mucho, el tejido empresarial del país.

Sin embargo, millones de ellas enfrentan barreras que les impiden dar el siguiente paso. Conseguir financiamiento continúa siendo una tarea complicada para miles de negocios que carecen de historial crediticio o de la información financiera que muchas instituciones solicitan. La inseguridad incrementa los costos de operación; la incorporación a cadenas globales de valor sigue siendo limitada y apenas el 5.5% realiza ventas por internet, de acuerdo con el más reciente Censo Económico del INEGI.

Mientras tanto, el mundo avanza hacia una economía impulsada por la Inteligencia Artificial, la automatización y la digitalización.

La consecuencia es evidente. Muchas empresas logran nacer, pero muy pocas encuentran las condiciones para escalar. Y un país donde las empresas no crecen es un país que limita su propia capacidad para generar empleo, innovación y desarrollo regional.

Por eso, el desafío consiste en construir un entorno donde crecer sea posible.

Eso implica seguridad para invertir, certeza jurídica, acceso a financiamiento, infraestructura suficiente, energía, simplificación regulatoria y herramientas que permitan a las empresas incorporar tecnología, profesionalizar su operación y competir en mercados cada vez más exigentes.

El desarrollo económico de México dependerá de cuántas empresas mexicanas logren convertirse en proveedoras de esas inversiones, incorporarse a cadenas de valor, exportar, innovar y generar más empleos formales.

En Coparmex conocemos bien esta realidad. Más del 90% de nuestra membresía está integrada por micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello impulsamos iniciativas como Crece Mi Negocio, un ecosistema basado en Inteligencia Artificial que busca acercar diagnóstico empresarial, capacitación, herramientas digitales y rutas de crecimiento personalizadas para que más empresas fortalezcan su competitividad.

Fortalecer a las MiPyMEs es una decisión estratégica para el futuro del país.

Porque detrás de cada empresa que logra crecer hay nuevos empleos, mayor productividad, más inversión y comunidades con mejores oportunidades.

México necesita seguir celebrando a quienes deciden emprender. Pero necesita, sobre todo, convertirse en un país donde hacer crecer una empresa deje de ser una carrera cuesta arriba y se convierta en una posibilidad real.

Ahí se juega buena parte de nuestra competitividad.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X: @XimenaCespedesA

El expediente de Perfect Day ya se cerró.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluyó el procedimiento ambiental relacionado con el proyecto y confirmó que no será autorizado. Al mismo tiempo, las resoluciones judiciales recientes han seguido delineando el escenario jurídico alrededor de este caso. Todo indica que el capítulo de Perfect Day comienza a quedar atrás. (Semarnat; Noticaribe, junio de 2026).

Sin embargo, mientras buena parte del país continúa analizando si el proyecto debió aprobarse o no, en Mahahual la conversación cambió hace varias semanas.

La verdadera discusión ya no gira alrededor de Royal Caribbean. Hoy gira alrededor del futuro de Mahahual.

Durante meses el debate nacional pareció dividirse entre dos posiciones: quienes veían en Perfect Day una inversión cercana a los 600 millones de dólares con potencial para generar empleo y fortalecer la economía regional, y quienes advertían sobre los riesgos ambientales que implicaba para uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano.

Ambas posiciones planteaban argumentos legítimos. Pero una vez tomada la decisión, la pregunta dejó de ser qué proyecto se construiría. Ahora la pregunta es mucho más profunda: ¿cómo se construirá el desarrollo de Mahahual en los próximos años?

Desde la distancia, todavía hay quienes observan este caso únicamente como un conflicto entre inversión privada y conservación ambiental. Pero quienes viven, trabajan e invierten en la región saben que el debate evolucionó hacia otro terreno.

Mahahual dejó de preguntarse únicamente qué inversión privada podría llegar. Hoy la comunidad se pregunta quién decidirá cómo se ejercerán los recursos que el propio turismo genera y bajo qué reglas se administrarán.

Mahahual forma parte, junto con Cozumel, del principal corredor de cruceros del país. Durante el primer semestre de 2025 ambos destinos recibieron alrededor de 3.6 millones de cruceristas, equivalentes a cerca del 64% del mercado nacional. Esa actividad turística genera recursos públicos de enorme relevancia para el desarrollo regional.

A través del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista se anunciaron inversiones para infraestructura en Mahahual cercanas a los 197.5 millones de pesos. Paralelamente, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo continúa administrando un presupuesto anual cercano a los 750 millones de pesos destinado a la promoción de los destinos turísticos del estado.

Además, tras la visita de la secretaria Alicia Bárcena, el Gobierno Federal anunció una nueva ruta para Mahahual basada en el ecoturismo, la participación comunitaria y una agenda de inversión pública e infraestructura que busca equilibrar desarrollo económico y conservación ambiental. Ese anuncio modificó por completo el eje de la conversación.

Porque cuando una comunidad comienza a visualizar recursos de esta magnitud, surgen preguntas que resultan completamente legítimas.

¿Quién establecerá las prioridades? ¿Quién decidirá las obras? ¿Quién supervisará el ejercicio de los recursos? ¿Existirán mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas? ¿Participarán los empresarios locales, los prestadores de servicios y la propia comunidad en esas decisiones?

Estas preguntas no representan una confrontación con la autoridad.

Representan una exigencia legítima de gobernanza.

Porque el desarrollo sostenible no depende únicamente de cuánto dinero llega a una comunidad.

Depende también de cómo se toman las decisiones sobre ese dinero.

Durante años, en México hemos insistido —con razón— en la importancia de atraer inversión. Pero con la misma convicción debemos fortalecer las instituciones encargadas de administrar los beneficios que esa inversión y la actividad económica generan.

Los destinos turísticos más exitosos del mundo no son solamente los que reciben más visitantes.

Son aquellos que construyen confianza entre gobierno, sociedad y sector productivo; donde existen reglas claras, participación social y mecanismos transparentes para decidir el destino de los recursos públicos.

Esa es la gran oportunidad que hoy tiene Mahahual. Si logra consolidar un modelo donde inversión, sostenibilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas avancen de manera simultánea, podría convertirse en un referente nacional para otros destinos turísticos.

Pero si los recursos se ejercen sin información suficiente, sin representación local y sin mecanismos claros de supervisión, también podría convertirse en una oportunidad perdida.

La historia de Perfect Day probablemente quedará como un caso de estudio sobre inversión, medio ambiente y desarrollo turístico.

Pero el verdadero legado de este episodio dependerá de lo que ocurra a partir de ahora.

Porque los proyectos pueden cancelarse. Lo que no puede cancelarse es el derecho de una comunidad a participar en las decisiones que definirán su futuro.

Mahahual terminó abriendo una discusión mucho más profunda: la discusión sobre gobernanza.

Y esa conversación, para bien del país, apenas comienza. 

Artículo de Opinión escrito por Domingo Ruiz López | Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex | Vía: @Milenio X: @domingoruizl

Las controversias fiscales forman parte natural de un Estado constitucional. Cuando una autoridad interpreta la ley tributaria y un contribuyente organiza su actividad económica bajo un marco normativo complejo, pueden surgir diferencias. El problema no es que existan desacuerdos; el problema es que muchos de ellos terminen convirtiéndose en litigios largos, costosos y paralizantes.

En México, la fiscalización se ha vuelto más sofisticada y digital. Al mismo tiempo, las operaciones económicas son cada vez más complejas. Durante los últimos cinco años, la agenda fiscal ha estado marcada por una mayor recaudación, un incremento en la información disponible para la autoridad, más controversias relevantes y mayores montos en disputa. Datos públicos señalan que, en 2024, el gobierno enfrentó 15 mil 186 juicios fiscales en última instancia, con 8 mil 428 resoluciones favorables y un impacto asociado de 198 mil 263 millones de pesos. Para 2026, se han reportado controversias por alrededor de dos billones de pesos. La litigiosidad fiscal no es un fenómeno marginal: impacta la competitividad, las finanzas públicas y la confianza institucional.

México necesita un sistema fiscal que recaude, sí, pero que también otorgue certeza. La certeza jurídica no es una concesión al contribuyente; es una condición indispensable para la inversión, la formalidad y el crecimiento. Un país competitivo no puede construir su relación fiscal sobre la amenaza permanente ni sobre litigios que se prolongan durante años. Tampoco puede permitir que créditos legítimos permanezcan suspendidos por disputas interminables.

La litigiosidad excesiva no beneficia a nadie. Al contribuyente le cuesta dinero, tiempo, reputación, garantías y atención directiva. Al gobierno le resta oportunidad en la recaudación, capacidad administrativa y legitimidad. A la sociedad le erosiona la confianza. Cada controversia fiscal que pudo resolverse oportunamente, con legalidad y sustento técnico, pero termina escalando hasta la última instancia, evidencia una falla institucional.

Por ello, resulta pertinente analizar con seriedad el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se trata de sustituir la jurisdicción ni de negociar la ley. Se trata de abrir espacios para que determinadas controversias puedan prevenirse, acotarse o resolverse mediante diálogo técnico y control jurídico. La Ley General de Mecanismos Alternativos permite su aplicación en materia administrativa e incluso durante el procedimiento contencioso o en la ejecución de sentencias, siempre bajo límites claros: legalidad, materia transigible, competencia, dictamen técnico-jurídico y respeto al interés público.

La oportunidad es significativa, pero exige prudencia. En materia fiscal no todo es disponible. El crédito tributario no puede convertirse en moneda de negociación política o administrativa. Sin embargo, tampoco debe confundirse la legalidad con una rigidez absoluta. Existen controversias relacionadas con hechos, pruebas, calificaciones jurídicas, formas de cumplimiento o ejecución que pueden encontrar mejores soluciones mediante mecanismos adecuadamente diseñados.

México ya cuenta con experiencias valiosas, como los acuerdos conclusivos ante la Prodecon, que han permitido resolver diferencias durante el ejercicio de facultades de comprobación. El nuevo reto consiste en construir una justicia administrativa capaz de incorporar el diálogo en sede jurisdiccional sin debilitar el Estado de Derecho. Si el Centro del TFJA opera con transparencia, criterios claros y facilitadores debidamente capacitados, puede reducir costos, abreviar conflictos y fortalecer la confianza institucional.

El éxito dependerá de evitar la banalización de estos mecanismos. No deben percibirse como una salida fácil, una negociación opaca o una renuncia a las potestades públicas. Deben entenderse como una expresión madura de institucionalidad: una justicia que reconoce que resolver adecuadamente no siempre implica litigar hasta el final, y que recaudar mejor no necesariamente significa litigar más.

El empresariado debe acompañar esta conversación con responsabilidad. Defender al contribuyente no significa justificar incumplimientos; significa defender reglas claras, autoridad técnica, debido proceso y condiciones propicias para la inversión. Defender al Estado tampoco implica avalar excesos; significa fortalecer su capacidad legítima de recaudar con apego a la Constitución y al Estado de Derecho.

La certeza, la justicia y el Estado de Derecho no son obra exclusiva del poder público. Son construcciones colectivas en las que participan autoridades, tribunales, empresas, asesores, academia y ciudadanía. Los mecanismos alternativos pueden demostrar que México es capaz de resolver sus controversias fiscales con inteligencia institucional: no como un atajo frente a la ley, sino como una vía para hacerla más eficaz, más cercana y más confiable.