Los prefectos opositores acusan a Morales de emitir resoluciones contrarias a la Constituci�n y las leyes
Cuatro prefectos de la oposici�n iniciaron en Bolivia un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales, a quien acusan de promover la corrupci�n.
Morales y su gabinete emitieron un decreto que autoriza a la estatal Yacimientos Petrol�feros Fiscales Bolivia (YPFB) a realizar compras y contrataciones sin licitaci�n, lo que, a decir de los opositores, es el origen de la corrupci�n en la empresa.
El prefecto de Tarija, Mario Coss�o, plante� la demanda a la que luego se sumaron el prefecto de Santa Cruz, Rub�n Costas, de Beni, Ernesto Su�rez, y de Chuquisaca, Savina Cu�llar.
Acusan a Morales de emitir resoluciones contrarias a la Constituci�n y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antiecon�mica.
Todo juicio de responsabilidades debe ser previamente aprobado por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso, sin embargo, esta instancia est� dominada por el oficialismo, lo que hace prever que el juicio no prosperar�.
El gobierno reaccion� indignado. Dijo que los prefectos buscan poner una cortina de humo sobre sus propios actos de corrupci�n y que pretenden da�ar la candidatura de Morales, quien postular� en diciembre a la reelecci�n presidencial.
A finales de enero, un caso de presunta corrupci�n estall� en la estatal YPFB. A ra�z de ese hecho, el entonces presidente de la petrolera y ex hombre fuerte del partido de gobierno, Santos Ram�rez, fue destituido del cargo y ahora guarda detenci�n en una c�rcel de La Paz.
"Presos pol�ticos"
Los cuatro prefectos opositores se trasladaron desde sus regiones este mi�rcoles a Sucre para sostener reuniones con la Corte Suprema de Justicia. All� pidieron juicios justos para los que llaman "presos pol�ticos" y expusieron los motivos del juicio en contra de Morales.
El prefecto de Tarija, Mario Coss�o, explic� que la acusaci�n "tiene como prop�sito que se esclarezcan y se conozca a cabalidad una conducta que ha llevado a la comisi�n de algunos hechos profundamente lamentables que han sido descubiertos en YPFB".
Dijo que Morales es responsable tambi�n de esos hechos porque "autoriz� al presidente de YPFB a que pueda de manera libre y directa sin cumplir ninguna formalidad, sin licitaci�n p�blica, (...) a hacer todo tipo de contrataciones, obras, bienes y servicios".
La Fiscal�a de La Paz acusa al ex presidente de YPFB de haber firmado contratos da�inos al estado y sospecha que, por ese motivo, recibi� sobornos.
El presidente del Senado y principal opositor en el Congreso, Oscar Ortiz, complement� que "el presidente y su gabinete tienen responsabilidad en favorecer las condiciones que generan los hechos de corrupci�n porque han aprobado decretos disponiendo la contrataci�n directa haciendo a un lado las licitaciones como una forma de administrar los recursos del estado".
Chacota jur�dica
El vicepresidente de la Rep�blica, �lvaro Garc�a Linera, respondi� que los prefectos buscan tapar sus propios actos de corrupci�n y perjudicar a Morales en su candidatura a la Presidencia.
El ex presidente de YPFB tambi�n enfrenta acusaciones de corrupci�n.
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Garc�a dijo que el informe presentado por el prefecto Coss�o "es una chacota jur�dica porque no tiene ni pies ni cabeza" y agreg� que "si quieren perjudicar la candidatura de Evo Morales, eso no pasar�".
En la misma l�nea, el ministro de Defensa Legal, H�ctor Arce, dijo que "seguramente van a pretender descalificar o vetar la candidatura del presidente, atentar contra el proceso de cambio a trav�s de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza".
El ministro tambi�n acus� a los prefectos que pretender reeditar "un golpe c�vico prefectural que ha fracasado su golpe de Estado de septiembre del a�o pasado".
La demanda en contra del presidente aleja a�n m�s al gobierno y a los prefectos opositores.
Morales convoc� a sus adversarios a dialogar sobre las autonom�as, pero �stos se niegan a asistir mientras el Gobierno no libre a los "presos pol�ticos".
Los prefectos se refieren de esa forma al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fern�ndez, y otros detenidos por la masacre de Pando, donde murieron cerca de 20 personas.
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El Presidente y su gabinete tienen responsabilidad en favorecer las condiciones que generan los hechos de corrupci�n
